Desde el bloque de Fuerza Patria queremos expresar con absoluta claridad nuestra posición frente a los hechos de público conocimiento que involucran al concejal Germán Díaz, de La Libertad Avanza, actualmente privado de su libertad e imputado en una causa vinculada a la presunta comercialización de estupefacientes.
Una cuestión es la responsabilidad penal
La gravedad de la acusación es indiscutible. También lo son las garantías constitucionales.
Díaz se encuentra imputado, no condenado. Será exclusivamente la Justicia quien determine su responsabilidad penal y, hasta entonces, corresponde respetar el debido proceso y el principio de inocencia.
No corresponde a este Concejo Deliberante reemplazar a la Justicia, anticipar una condena ni atribuir responsabilidades penales que solamente pueden determinarse en el ámbito judicial.
Otra cuestión es la responsabilidad política
La responsabilidad política no comienza con una sentencia judicial.
Quienes ocupamos una banca no sólo representamos una voluntad electoral: representamos la credibilidad de una institución democrática y asumimos frente a nuestros vecinos una responsabilidad política, ética e institucional.
Por eso entendemos que, aun respetando plenamente la presunción de inocencia, una situación de esta gravedad exige también una respuesta desde el ámbito político. La banca que ocupa un concejal no es un espacio personal: es una representación que le fue confiada por el pueblo.
Desde que estos hechos tomaron estado público, nuestro bloque decidió recorrer el camino que corresponde cuando está en juego el funcionamiento de una institución democrática.
Acompañamos la conformación de una Comisión Especial que permita canalizar la información judicial y actuar institucionalmente conforme avance la causa respetando en cada instancia el marco legal vigente.
Además, como bloque, mantuvimos las reuniones necesarias para acercar posiciones, recibir el asesoramiento correspondiente y hacer valer cada una de las opiniones de quienes integramos Fuerza Patria. Elegimos construir una postura común desde el debate, el intercambio y el respeto por las atribuciones institucionales del cuerpo.
Finalmente, acompañamos la licencia solicitada por Díaz, fundada expresamente en su actual situación procesal penal, porque entendemos que frente a una situación de esta gravedad corresponde que permanezca apartado del ejercicio de su función.
Creemos que la gravedad del caso exige prudencia, seriedad y respeto por las instituciones. La responsabilidad política también consiste en actuar conforme a las normas, sin reemplazar el funcionamiento de la Justicia ni convertir un hecho de enorme trascendencia en una oportunidad para la especulación.
Cuando la excepción empieza a parecer una regla
Tampoco podemos analizar este episodio como si ocurriera en un vacío político.
La Libertad Avanza hizo de la superioridad moral su principal bandera. Llegó prometiendo terminar con «la casta», con la corrupción y con los privilegios.
Sin embargo, en menos de tres años de gobierno, ese relato quedó atravesado por una sucesión de escándalos que ya no pueden explicarse como hechos aislados.
Distintos episodios que alcanzaron a funcionarios nacionales del espacio, dejan en evidencia que la legalidad y la transparencia distan mucho de ser el sello distintivo del partido que prometía venir a terminar con los privilegios.
Con esto decimos que existe un patrón político preocupante: un espacio que construyó su identidad proclamándose distinto hoy aparece reiteradamente asociado a hechos que ponen en crisis su propia bandera ética.
Que un concejal de La Libertad Avanza de Bragado termine involucrado en una causa de semejante gravedad ya no puede presentarse como un hecho aislado.
Es la consecuencia de una forma de hacer política donde el discurso moralizador muchas veces convive con prácticas que terminan siendo exactamente aquello que decían combatir.
La banca pertenece al pueblo
Nuestra responsabilidad no es proteger a un dirigente ni especular con una ventaja política circunstancial. Nuestra responsabilidad es cuidar las instituciones.
La banca que hoy ocupa ese concejal no le pertenece a él: pertenece al pueblo de Bragado. Y por respeto a esa representación creemos que debe apartarse mientras la Justicia avance en la investigación.
Desde Fuerza Patria creemos en una política que no se mide por los discursos, sino por la responsabilidad con la que se ejerce cada representación. Para el peronismo, la función pública no es un privilegio personal: es un mandato del pueblo y una obligación ética con la comunidad.
Cuidar las instituciones, defender la confianza popular y poner siempre el interés colectivo por encima de cualquier conveniencia es, y seguirá siendo, el compromiso que asumimos con cada vecino y vecina de Bragado.
Bloque de concejales Fuerza Patria Bragado.
