Por: Gabriel Blaiotta
En las últimas semanas, familias de alumnos de distintos establecimientos educativos firmaron una nota simple: acompañar el pedido de los médicos pediatras del partido para que se cree, por fin, el cargo de Médico Orientador en el sistema educativo de Bragado. Un cargo que existe y funciona en decenas de distritos bonaerenses —Chivilcoy, 25 de Mayo, 9 de Julio, Junín, Azul, Tandil, La Plata, entre tantos otros—, previsto por normativa vigente desde hace más de veinte años, y que en Bragado simplemente no existe.
Lo que siguió no fue una gestión. Fue un llamado a cada familia para preguntarles por qué habían firmado.
Desde la Jefatura Distrital de Bragado, a cargo de la inspectora jefe Luisa Pérez, se comunicaron con familias firmantes para interrogarlas sobre su propia firma. No para informarles. No para convocarlas a trabajar juntos en la solución. Para preguntarles, lisa y llanamente, por qué se habían animado a pedir un médico para la escuela de sus hijos.
Llamemos a esto por su nombre: es una maniobra de amedrentamiento. No hace falta amenazar de forma explícita para intimidar; alcanza con que un padre o una madre reciba una llamada de la autoridad educativa cuestionando su firma para que entienda el mensaje. Y el mensaje es claro: acá, pedir tiene un costo. Quien pone en duda la firma de una familia no está «verificando» nada —está dando a entender que sospecha de su buena fe, o peor, buscando que se arrepienta de haberla puesto. La pregunta que cabe devolver es de quién es, entonces, la mala fe: ¿de quién firma para acompañar el pedido de un médico en la escuela de su hijo, o de quien levanta el teléfono para que esa firma, hecha con la mejor intención, le pese a quien la hizo?
Bragado tiene, hoy, un cargo vacante de Fonoaudiólogo que las propias familias y los médicos pediatras propusieron reconvertir en Médico Orientador. Es una solución concreta, viable, ya ensayada en otros distritos. No requiere heroísmo administrativo: requiere voluntad y gestión, que en este distrito escasea. Y ahora sabemos en qué se gasta, en cambio, la energía institucional: no en tramitar un cargo que la propia Provincia reconoce y regula, sino en llamar puerta por puerta —o línea por línea— para amedrentar a quien se animó a pedirlo.
Las familias de Bragado no le deben explicaciones a nadie por haber firmado. La que tiene que darlas es la Jefa Distrital: por qué, en lugar de gestionar, eligió intimidar.
