Cuando el Estado habla de números, detrás de esos números hay personas, familias y derechos

Hay límites que una sociedad no debería cruzar.

Y cuando se habla de discapacidad, esos límites deberían ser todavía más claros.

El debate abierto por el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional generó preocupación por los cambios previstos para las pensiones y las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.

El proyecto original incluía modificaciones al régimen de pensiones y al sistema de prestaciones básicas, entre ellas cambios en el nomenclador y en las condiciones de acceso. Frente a las críticas y a las diferencias con distintos sectores políticos, el oficialismo anunció que trabaja en una propuesta alternativa para reemplazar parte de esos artículos.

Pero hay algo que debería quedar absolutamente claro:

las personas con discapacidad no pueden convertirse en la variable de ajuste de ninguna política económica.

Porque detrás de una pensión hay una persona.

Detrás de una prestación hay una familia.

Detrás de un tratamiento hay meses y años de esfuerzo.

Detrás de un centro de día, una institución educativa, un acompañante terapéutico, un transporte o una rehabilitación hay profesionales que también necesitan cobrar dignamente para poder seguir brindando ese servicio.

Y detrás de todo eso hay algo todavía más importante: derechos.

El propio Gobierno sostiene que su objetivo es ordenar el sistema, garantizar las prestaciones y hacer más eficiente el uso de los recursos. De hecho, en septiembre oficializó una actualización del 1,7% para el nomenclador de prestaciones por discapacidad, siguiendo la variación del IPC.

Pero el debate presupuestario demuestra que el problema está lejos de estar cerrado.

Y es justamente ahí donde hay que levantar la voz.

¿De verdad el ajuste tiene que empezar por quienes menos pueden defenderse?

Si existen irregularidades, que se investiguen.

Si existen pensiones que fueron otorgadas incorrectamente, que se revisen con controles serios y respetando el debido proceso.

Si hay que combatir abusos, que se combatan.

Pero una cosa es controlar y otra muy diferente es poner en riesgo derechos de personas que necesitan del Estado para acceder a condiciones mínimas de autonomía, salud y dignidad.

Argentina necesita discutir cómo administrar mejor sus recursos.

Claro que sí.

Pero también necesita decidir qué clase de sociedad quiere ser.

Porque equilibrar las cuentas públicas puede ser una necesidad económica.

Convertir a los más vulnerables en el blanco del ajuste es una decisión política que merece ser discutida públicamente.

Las familias de personas con discapacidad no necesitan discursos.

Necesitan respuestas.

Necesitan previsibilidad.

Necesitan que las prestaciones funcionen.

Necesitan que los profesionales puedan cobrar.

Necesitan que las terapias continúen.

Necesitan que sus hijos, sus padres, sus hermanos y sus seres queridos no queden atrapados en una discusión presupuestaria que termine afectando su vida cotidiana.

No todo puede medirse en pesos

Hay cosas que tienen un costo económico.

Y hay otras que tienen un costo humano.

Una terapia que se interrumpe.

Un transporte que deja de funcionar.

Un profesional que abandona una prestación porque ya no puede sostenerla.

Una familia que debe endeudarse para cubrir aquello que antes podía garantizar el sistema.

Eso también es costo.

Y muchas veces es un costo que no aparece en ninguna planilla presupuestaria.

Por eso, el debate sobre el Presupuesto 2027 debería tener una premisa que nadie debería discutir:

el equilibrio fiscal no puede construirse a costa de la dignidad de las personas con discapacidad.

Porque un Estado fuerte no es solamente el que controla sus cuentas.

También es el que está presente cuando una familia más lo necesita.

Con los más vulnerables no se juega.

La discapacidad no es un gasto. Es una responsabilidad del Estado y un derecho de quienes necesitan protección.

Por José María Méndez – El Periodista del Pueblo