En el funcionamiento de un Estado municipal hay momentos que trascienden la coyuntura y obligan a mirar con mayor detenimiento el rumbo de la gestión. La Rendición de Cuentas es, sin dudas, uno de ellos. No se trata simplemente de un balance técnico ni de una formalidad administrativa: es la instancia en la que los números exponen con claridad las decisiones políticas, las prioridades adoptadas y la calidad en la administración de los recursos públicos.
En ese contexto, la ex concejal Lilian Labaqui, a través de sus redes sociales, dejó su opinión sobre la actual deuda de la Municipalidad de Bragado, poniendo el foco en la evolución del endeudamiento y en las señales que surgen del análisis de los datos económicos recientes.
Así, el debate sobre las cuentas públicas vuelve a ocupar un lugar central, no sólo dentro del ámbito institucional, sino también en la discusión política y social, interpelando tanto a quienes tienen responsabilidades de gestión como a la ciudadanía en su conjunto.
*Endeundamiento municipal: Gatica lo bajó al 1… ¿Barenghi va rumbo al 10% ?*__ *
Hay cosas que suceden en los municipios que pasan desapercibidas… y no deberían.
No porque sean difíciles de comprender, sino porque rara vez se las ubica en el lugar que les corresponde. Quedan relegadas a un plano lejano, como si fueran meros papeles o trámites administrativos, algo ajeno a la vida cotidiana.
Sin embargo, lo que está ocurriendo por estos días es de una claridad imposible de eludir.
Estamos en ese momento del año en el que las instituciones deben dejar de declamar para empezar a rendir cuentas. Cuando los números reemplazan a los discursos, cuando las decisiones se revisan y lo hecho deja de ser relato para convertirse en evaluación.
Se analiza la Rendición de Cuentas 2025 de la Municipalidad de Bragado. Es decir, cómo se administraron los recursos de todos durante el último año.
No se trata de una instancia menor. Está prevista en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires — artículo 192 —, en la Ley Orgánica de las Municipalidades y, además, es un documento público al alcance de cualquier ciudadano. Incluso puede solicitarse formalmente en virtud de la Ordenanza 3115 de Libre Acceso a la Información Pública, fruto del trabajo y el compromiso republicano de una gran concejal que fue su autora, la profesora María Rosa Quarleri. Es un derecho. Y como todo derecho, su ejercicio también es una forma de participación.
Ahora bien, cuando uno se detiene a observar esos números, lo que aparece no es neutro.
Al 31 de diciembre de 2025, la situación económico-financiera del municipio muestra señales de complicación. No en abstracto, sino en datos concretos: se gastó más de lo que se recaudó. En un solo año, desde diciembre de 2024, el desfasaje alcanza los 1.973 millones de pesos.
Eso no es una cifra técnica. Es un dato político.
Ese resultado impacta directamente en la llamada deuda flotante y evidencia una aceleración del endeudamiento municipal que, acumulado en dos años de gestión, asciende a 2.481 millones de pesos. En términos relativos, hoy equivale al 7% del gasto corriente. Para dimensionarlo: ese indicador había llegado al 16% durante la gestión del intendente Aldo San Pedro y fue reducido al 1% al finalizar la gestión del intendente Vicente Gatica.
Del 1 al 8%. En apenas dos años.
Es una curva que merece, como mínimo, ser explicada con rigor.
Porque no se trata sólo de números en un papel. Esa dinámica ya tiene consecuencias visibles: demoras en los pagos a proveedores, especialmente a pymes y comercios locales, interrupciones en la cadena de abastecimiento, reducción de adquisiciones y un funcionamiento cada vez más condicionado por la escasez.
Y ahí aparece una primera exigencia ineludible: analizar en profundidad e informar en profundidad. Porque el contribuyente ya ha hecho un esfuerzo significativo como para que estas situaciones se naturalicen.
Ahora bien, sería intelectualmente deshonesto ignorar el contexto.
Existe una deuda billonaria del Estado Nacional con la Provincia de Buenos Aires. Recursos que corresponden por ley y que no se transfieren. Fondos que, de liberarse, permitirían mejorar las cuentas provinciales y, en consecuencia, fortalecer la coparticipación hacia los municipios.
Ese incumplimiento tiene efectos concretos en las 135 Municipalidades bonaerenses —y, en términos más amplios, en todo el esquema federal —, aún en aquellos distritos cuyas administraciones provinciales acompañan con canina lealtad al Poder Ejecutivo Nacional a cambio de un hueso. Pero también obliga a decir algo incómodo: el equilibrio fiscal no puede construirse a costa de incumplir obligaciones.
Porque si el superávit se logra “amarrocando” recursos que deben ser transferidos, entonces deja de ser un mérito para convertirse en un problema.
A nivel provincial, el panorama tampoco es sencillo. Las dificultades para sostener los niveles de coparticipación previstos —como los establecidos en la Ley 10.559— agregan presión sobre los municipios, que terminan administrando escasez.
Pero ese contexto, siendo real, no puede transformarse en excusa permanente.
Porque lo que se le exige a la Nación también vale para la Provincia. Y lo que se le exige a la Provincia también vale para el Municipio. Como señala el dicho, sin eufemismos: “o es pa todos el invierno o es pa todos la cubija”.
Equilibrio fiscal y superávit, sí. Nadie discute la importancia de ordenar las cuentas públicas. Como bien señaló alguna vez Alfredo Pérez Rubalcaba — socialista y Vicepresidente del Gobierno español —: “¿Quién dijo que el déficit es progresista?”.
Pero con una condición ineludible: cumplir todas las obligaciones del Estado.
Y ahí es donde la discusión local se vuelve insoslayable.
Porque en Bragado no sólo hay contexto: también hay decisiones. Se ha desbordado el presupuesto aprobado para 2025. No se han respetado plenamente ni las previsiones de ingresos ni las de gastos. Y eso, en una administración pública, no es un detalle menor: es un problema de gestión.
No se trata de ajustar servicios esenciales ni de afectar salarios — que, por cierto, merecen mejores paritarias —; se trata de administrar con criterios, prioridades y herramientas que existen y que deben utilizarse.
Porque esto no es un almacén de ramos generales de otro siglo. Es un Estado municipal, con responsabilidades concretas.
Frente a todo esto, el ámbito natural para discutirlo es el Concejo Deliberante.
Allí no alcanza con acompañar o rechazar. La función es otra: evaluar el mérito, la oportunidad y la conveniencia del gasto público. Analizar prioridades, decisiones y resultados. Explicar. Traducir números en decisiones comprensibles para la sociedad.
Sin estridencias, pero sin silencios.
Sin embargo, el clima general no parece reflejar la magnitud del momento.
Y aquí aparece otro problema, más profundo: el de la política cuando se corre de su función pedagógica.
Porque la política no se agota en los recintos. También se construye — o se diluye — en los partidos. Y con demasiada frecuencia, esos espacios se convierten en ámbitos donde todo sucede… menos lo esencial: debatir ideas, formar ciudadanía, explicar la realidad.
Cuando eso falta, lo que queda es una conversación fragmentada, donde la crítica circula sin anclaje y la responsabilidad se vuelve difusa.
Y del otro lado, una sociedad que opina — muchas veces con razón — pero que no siempre se involucra cuando corresponde.
Porque este es, precisamente, el momento.
La Rendición de Cuentas no es un trámite más. Es la instancia concreta en la que esas opiniones pueden transformarse en preguntas, en control, en exigencia.
Sin ese involucramiento, el riesgo es conocido: que lo más importante pase inadvertido. Que el control sea apenas formal. Que todo transcurra sin debate real.
Y entonces, más tarde, llegarán las críticas.
Pero si cuando se abre la oportunidad de revisar qué se hizo con los recursos de todos prevalece la distancia, la indiferencia o la comodidad, la responsabilidad deja de ser únicamente institucional.
Porque el problema no es sólo lo que se hace.
Es, también, todo lo que se decide no mirar.
