El concejal Jorge Castillo presentó un proyecto de ordenanza para crear el Sistema Integral de Gestión de la Red Vial Rural e Infraestructura Hídrica, una iniciativa que busca transformar el mantenimiento de los caminos rurales y los desagües en una política pública permanente y planificada. El texto apunta a dar respuesta a una demanda histórica del sector agropecuario y de los vecinos de las localidades del Partido.
El proyecto se estructura en varios pilares fundamentales para garantizar la eficiencia y el control de los recursos públicos:
- Transparencia y datos abiertos: Obliga al Departamento Ejecutivo a publicar mensualmente informes detallados sobre la recaudación de la Tasa por Servicios Rurales, el uso de maquinaria, combustible, contrataciones y ejecución presupuestaria. Además, contempla la creación de un Mapa Público Digital de la Red Vial Rural y un sistema de seguimiento de reclamos vecinales con número de identificación.
- Planificación anual con criterios objetivos: Establece la obligatoriedad de presentar un Plan Municipal vinculado al Presupuesto, donde los caminos se clasifiquen por prioridades (emergencia, intervención programada o mantenimiento preventivo). Para ello se evaluarán aspectos como el volumen de tránsito, la importancia productiva y el riesgo de aislamiento de las escuelas y centros de salud rurales.
- Enfoque hídrico y profesional: Reconoce que el estado de los caminos depende directamente del drenaje y los canales. Por ello, exige contar con asesoramiento profesional especializado en ingeniería vial e hidráulica, y realizar un seguimiento riguroso de las obras de escurrimiento tanto dentro del distrito como en jurisdicciones vecinas.
- Participación ciudadana y control: Si bien respeta las competencias del actual Consorcio Vial Municipal, la iniciativa crea un Consejo Consultivo integrado por entidades agropecuarias, delegados de las localidades, instituciones técnicas y concejales. Este espacio se reunirá cada dos meses para aportar información territorial y hacer un seguimiento de las acciones planificadas.
- Indicadores de gestión y evaluación: Incorpora metas anuales cuantificables —como kilómetros transitables, tiempos de respuesta ante emergencias y porcentaje de cumplimiento del plan— y fija la obligación de rendir cuentas anualmente ante el Honorable Concejo Deliberante.
De aprobarse la norma, el Ejecutivo municipal tendrá un plazo de 180 días tras su promulgación para realizar una evaluación integral del sistema institucional vigente y adecuar los recursos a este nuevo esquema de planificación.
